26 de Agosto 2012

El hecho de estudiar en una universidad pública fue unos de los principales factores que me llegaron a ser abogada defensora de derechos humanos. Aunque mi educación católica contribuyó a ello, fue realmente cuando ingresé a la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán que realicé que no basta tener una intención de ayudar a tu prójimo, sino que esta intención debe tener un fundamento político. Si uno se queda al nivel de las intenciones y no busca dar una explicación políticas a las injusticias que uno observa, puede terminar utilizado tanto por la derecha como por la izquierda. En este sentido, la universidad me permitió formarme políticamente.

En 1999, cuando ingresé en derecho, los estudiantes entraron en paro para objetar el Plan nacional de gobierno del presidente Pastrana, quien pretendía subir los costos y que la matrícula se siga cobrando de acuerdo el estrato social de los estudiantes. Participar en las asambleas y darme cuenta de los esfuerzos de los estudiantes para conservar el carácter público de la universidad fue muy impactante. Sin tales estudiantes, no hubiera tenido el dinero para pagar la matricula en derecho y eso me dio un sentido de convicción muy grande. Mi vinculé también con el movimiento estudiantil, lo cual era muy cercano de las reivindicaciones de los movimientos de mujeres, indígenas y afrodescendientes en el departamento del Cauca. Como estudiante de derecho de primero semestre, yo era encargada de ir a las estaciones de policía a sacar los estudiantes víctimas de represión y a hacer las diligencias necesarias.

En el 2002, el gobierno de Uribe generó un fenómeno muy importante en contra del movimiento estudiantil. Yo pertenecía a la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios y los paramilitares empezaron a asesinar algunos de nuestros miembros en las universidades Nariño, de Antioquia, de Córdoba, del Atlántico y de Santander. Mi responsabilidad era, con otros estudiantes, de hacer denuncias en los medios de comunicación. Como no teníamos acceso a los medios de comunicación masivos, me encargaron de hacer una campaña de visibilidad internacional y me enviaron a universidades de Cuba y México para denunciar la represión que vivíamos.

Yo era militante del Partido Comunista Colombiano desde el 2000 y, en el 2004, fui elegida dirigente de la Juventud Comunista. También fui elegida representante estudiantil al Consejo Superior de la universidad, la instancia más alta de la universidad donde participan representantes del Presidente, del Ministerio de la Educación, de los profesores, etc. Era la primera mujer, y además abiertamente de izquierda, quien llegaba al Consejo Superior de una universidad pública conservadora.

En noviembre del 2004, una patrulla del ejército entro en la facultad de derecho de mi universidad a preguntar donde yo me encontraba. Por suerte yo no me encontraba en la universidad, pero eso me dio mucha pánica. Lo duro también es el daño que uno causa a su familia. Aunque no podía decir a mi mama que yo era amenazada, ella podía sentir por mi tono de voz cuando hablaba con ella que algo no era bien conmigo. También es algo terrible porque empiezas a alejarte de la gente para protegerlos, porque si los paramilitares te ven con algunas personas les van a asociar a tu movimiento y posiblemente empezar a amenazarles.

A partir de enero del 2005, empecé a ser el objeto de actos de hostigamiento con mayor intensidad: sujetos con rasgos militares me esperaban en las calles, tenía seguimiento de personas con motocicletas y una automóvil se quedaba siempre parada cerca de mi casa. A pesar de tener una formación política de varios anos, el impacto de las amenazas al nivel personal era muy feo. Me sentía sola y insegura, sentía mucha tristeza y abandono de no poder con las autoridades públicas: recibía amenazas, la policía me perseguía y el rector hacia todo para sacarme del Consejo Superior. Uno se siente como en una pelea entre un enano y un gigante. El momento era tan obscuro sicológicamente que uno empieza a dudar si uno esta en lo justo. Un día, cuando estábamos en pleno paro estudiantil, me acuerdo que miré un grupo de estudiantes que eran en una huelga de hambre y que se veían muy acabados. Pensé en este momento que no vale la pena hacerse daño a uno mismo si nadie nos quiere escuchar o soportarnos en lo que sufríamos. En una forma absurda en tu mente, casi llegas a justificar a los que te están haciendo daño.

Por fin llegó una amenaza escrita a mi casa por parte de una organización paramilitar que decía que sabían que yo era dirigente de la Juventud Comunista y que tenían ubicada a mi familia en el departamento de Nariño. La situación no era sostenible, mi representación al Consejo Superior, el cargo publico que me protegía, se iba a terminar, y la Juventud Comunista decidió sacarme de mi puesto para protegerme. Hubieron profesores reconocidos, de izquierda y de derecha, que denunciaron en sus clases lo que me estaba pasando y recibí mucho apoyo por parte de la decanatura de la universidad, que me permitió presentar mis exámenes de forma precipitada. El 27 de mayo del 2005, salí para Francia gracias a apoyos de la Juventud Comunista francés.

Me pasó algo que demuestra que en el conflicto Colombiano todo no es blanco y negro, sino que hay matices. Cuando ingresé a la universidad en el 1999, conocí a un estudiante que llegó de la ciudad de Armenia, departamento de Quindío, como consecuencia del importante terremoto que se sufrió allá. Yo lo ayudé mucho a integrarse a nuestra clase, pero después cada uno sigo su rumbo académico. En el 2004, me encontré con él de nuevo y me pidió que nos encontremos de forma urgente. Me dijo: “No me preguntes porque, pero yo quiero que sepas que en contra de ti hay una investigación penal por el delito de rebelión.” El era un policía quien pasaba por estudiante, se había dado cuenta que yo no era ni una subversiva ni una guerrillera, y por los gestos de solidaridad que yo había tenido por el quiso ayudarme. A veces pensamos que los que trabajan en la policía son gente mala y agresivos, pero eso demostró que también hay policías capaces de arriesgarse para defender a otros.

Yo fui a la fiscalía con un abogado para conocer el expediente de la investigación preliminar en contra de mi y hacerme parte de la investigación para defenderme. Me di cuenta que tenían fotografías de todas nuestras movilizaciones estudiantiles y de varias reuniones donde yo fui presente. Para ellos, las fotografías las más graves permitían verme en el campo, con ropa de campo y botas puestas. ¡Todo eso era muy estúpido porque esas fotografías habían sido tomadas en la facultad de agropecuarias de la universidad, y yo aparecía al lado del rector! El fiscal fue muy agresivo y sus preguntas eran del lado del sentimiento en lugar de ser objetivas: “¿Y usted qué hace en contra de la universidad? ¿Y a usted porque no la quieren en la universidad? ¿Y usted porque organiza tantas protestas?”

Todas las intervenciones que yo hacía en el Consejo Superior de la Universidad habían sido revisadas por la fiscalía y algunas tomadas fuera de contexto para ponerlas en el expediente. En una, manifestaba al representante del Presidente que yo no entendía como el gobierno del presidente Uribe era capaz de negociar con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, pero que no podía negociar con estudiantes sin armas ni record de ejecuciones extrajudiciales. Eso permitió entender que los espacios públicos donde yo participaba estaban llenos de gente que trabajaban con los paramilitares. Por ejemplo, años más tarde, me di cuenta que el gobernador del departamento del Cauca de este entonces estaba investigado por parapolítica. Aplicaban una política nacional según las cuales todas las personas que eran en contra del gobierno eran estigmatizadas como parte de la insurgencia. En fin, la investigación realizada en contra de mi fue cerrada sin acusaciones.

Estuve 3 años en Francia, donde hice maestrías en derecho internacional público y en derechos humanos, y luego trabajé un año en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y un año en Rio de Janeiro, Brasil. En cada ocasión, no dejaba de sentirme como extranjera. Obviamente, era interesante de participar en los movimientos sociales que yo descubrí allá, pero al mismo tiempo sentía que no hacía parte de la esperanza para mi país. Al contrario, cuando era parte del movimiento estudiantil en Colombia, posiblemente llevábamos perdida la pelea, pero el hecho de sentirse parte del cambio me daba esperanza.

Creo que lo que me pasó era mucho menos difícil en términos de persecución política que lo que han sufrido otros militantes de izquierda. Por ejemplo, lo que pasó a  mi profesor de sicología jurídica y que fue para mí un mentor, Juan Diego Castellón, fue supremamente doloroso. Fue militante del Partido Comunista Colombiano, diputado de la Unión Patriótica para la asamblea del Departamento del Cauca y hoy es rector de la Universidad del Cauca. Los paramilitares lo acusaron de haber ido a Cuba para recibir entrenamiento militar por parte de la guerrilla, cuando de hecho había a la isla para su trabajo de investigación jurídica. Tuvo que exiliarse a Estados Unidos, donde realizó su doctorado. De ver que lo podían atacar a él fue un importante golpe al nivel personal.

Un otro evento impactante fue la desaparición de Hernán Henry Díaz el 18 de abril 2012. El también fue militante de la Unión Patriótica, era militante del Partido Comunista Colombiano y dirigente del movimiento Marcha Patriótica para el departamento de Putumayo. También era la persona que cotidianamente me acompañaba en los procesos judiciales en la región, que me brindaba seguridad, y que me informaba sobre la situación política en el departamento. Lo desaparecieron pocos días antes del lanzamiento del nuevo movimiento en Bogotá. Todavía no estoy lista a aceptar que a Henry lo mataron y sigo con la esperanza que sea vivo.

Una vez que regresé a Colombia, me integré al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), y luego al área de litigio internacional del CCAJAR. La situación ha mejorado un poco para el trabajo en defensa de los derechos humanos, en parte porque la presidencia de Santos dejó de tener el discurso de su predecesor según lo cual los defensores de derechos humanos son un brazo político de las FARC. Sin embargo, nuestras condiciones no son fáciles. Además, nuestro trabajo es frecuentemente visto como un trabajo benévolo y caritativo. Tengo la impresión que la gente no reconocen el sentido profesional que tiene y consideran que el hecho que nuestro trabajo necesita compromiso justifica no pagarnos bien y no respetarnos.

Desafortunadamente, sigue una muy grande necesidad para el trabajo en derechos humanos, porque todavía no se ha resuelto el conflicto armado interno, lo que se debería hacer por la vía política, y porque existen un sinfín de victimas todavía buscando justicia. Eso y haber podido conocer tantos movimientos sociales en Colombia, haber luchado por el carácter público de la universidad y haber vivido la violencia de una forma tan cerca por mis convicciones políticas hace que la defensa de los derechos sigue siendo mi proyecto de vida.