Encuentros con defensores de derechos humanos

Rafael Palencia Fernández

Abogado, Presidente de la Asociación Colombiana de Defensores de Derechos Humanos, Bogotá D.C.

Retrato: Verónica Giraldo Canal, 2012. 

4 de Julio 2012


Mi actividad en materia de derechos humanos se inició en la ciudad de Cartagena en el año 1994. Yo estaba muy preocupado porque en esta época se cometían muchos asesinatos de delincuentes comunes, frente a los cuales las autoridades no realizaban investigaciones. Apareció para mi la inquietud de cómo, en una ciudad tan importante como Cartagena, una practica de ejecuciones extrajudiciales podría ocurrir y seguir impune. Integré el Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y empecé a trabajar sobre varios temas, entre otros la violencia policial en contra de las manifestaciones de los trabajadores de los hospitales.


Este trabajo me llevó a ser el objeto de un montaje judicial. El 20 de febrero del 2003, las autoridades hicieron saber ante los medios de comunicación que se iba a realizar un atentado terrorista. En este entonces, yo me desempeñaba como inspector para el Ministerio del Trabajo además de mi trabajo con el CPDH. Desde el 1ro de febrero, yo era de vacaciones y había ido a visitar familiares a la ciudad de Barranquilla. A mi regreso en Cartagena el 19 de febrero, fui capturado bajo un impresionante operativo militar y propagandística. Un informe de inteligencia me acusaba de ser ideólogo de las milicias Manual Rodriguez Torizes de Cartagena, relacionadas con las FARC. Estuve encarcelado exactamente un año, cuatro meses y ocho días.


Una de las presuntas pruebas para sustentar mi atestación era la declaración de un vendedor de café tinto, firmada en las instalaciones de la Seccional de Policía Judicial e Investigación (SIJIN), según la cual yo, junto con otros, hacía parte de una organización miliciana de las FARC. Este personaje nunca fue presentado al tribunal para ratificar su declaración y consecuentemente nunca adquirió la condición de testigo. Un otro documento presentado en el proceso era un informe de inteligencia que no alcanzó a tener ningún valor probatorio. Finalmente, la fiscalía presentó un documento llamado “Escuela de milicias bolivarianas” y afirmó lo haber encontrado en mi computadora del Ministerio del Trabajo. También supuestamente encontraron sobre mi escritorio una disquete que contenía este mismo documento. Sin embargo, la prueba técnica realizada señaló que este documento había sido creado el 13 de febrero y modificado el 18 de febrero, durante mi ausencia, por una computadora con numero que tenía nada que ver conmigo.


Llama la atención como el fiscal quien permitió que se realice estas siembras de documentos, Demóstenes Camargo de Ávila, todavía permanece como director de una unidad de la fiscalía en Cartagena. También vale la pena notar que este mismo fiscal se hizo muy famoso por determinar la captura del profesor Alfredo Correa de Andreis, quien posteriormente fue asesinado por paramilitares con apoyo de informaciones procuradas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).


Fui encarcelado en el 2003 en la cárcel de San Sebastián de Ternera de Cartagena. Después de la tortura, me atrevería a decir que la privación de libertad es la situación la más difícil que uno puede vivir. Particularmente por las condiciones en las que se da esta detención: asilamiento, ausencia de servicio de salud, alimentación deplorable e insuficiente, imposibilidad de trabajar o estudiar, requisas indignas para los detenidos, etc. Sin embargo, durante mi detención, contribuí a la formación de un comité de derechos humanos y de una mesa de trabajo que buscaba la interlocución con las autoridades de la cárcel para mejorar nuestras condiciones, y en particular las condiciones de visitas de nuestros familiares. Durante esta época, los miembros de la Asociación Colombiana de Abogados Defensores de Derechos Humanos (ACADEHUM) me prestaron su solidaridad y manifestaron su preocupación para mi suerte, junto con la FIDH, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), el CPDH y Avocats sans frontières France, ante el director seccional de la fiscalía.


Finalmente, durante el proceso judicial, la fiscalía no tuvo otra opción que de decir que no sostenía la acusación inicial y que solicitaba la absolución. El juez del circuito, quien fue efectivamente imparcial, dictó una sentencia absolutoria. No obstante la actitud persecutoria de la fiscalía y de la ilegalidad de su actuación, confiaba plenamente en el proceso penal y nunca pensé que se iba a producir una sentencia condenatoria.


Posteriormente a mi liberación, fui objeto de atentados en contra de mi integridad personal. Se acostaban personas armadas a vigilar mi residencia en Cartagena y decidí trasladarme a la ciudad de Bogotá. Allá las persecuciones siguieron: fui objeto de seguimiento, se acostaban camionetas frente a mi casa y mi teléfono móvil estaba interceptado, tal como se pudo observar posteriormente en los archivos del DAS. En particular fueron escuchadas conversaciones que yo tenía con el doctor Alirio Muñoz de la junta directiva del CCAJAR con respeto a actividades de promoción de los derechos humanos y en particular de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.


El fenómeno de la amenaza constituye una fuerte agresión a la integridad personal, en tanto que te somete a un estado permanente de angustia, zozobra, inestabilidad emocional y sufrimiento. Te deteriora profundamente la calidad de vida, porque te pones a pensar en como te pones a salvo y no confíes en la seguridad que te puede brindar el mismo Estado. Por ejemplo, recién llegado a Bogotá, me dirigí al programa de protección del Ministerio del Interior. ¡Me dijeron de ponerme a mano de autoridades como el DAS y la policía al efecto que hicieran un estudio de mi riesgo, cuando fue la misma policía nacional que hizo el montaje judicial y fue desde el DAS que se planeaba actividades criminales contra organizaciones de defensores de derechos humanos!


En el 2006, recibí amenazas de muerte en las oficinas del CCAJAR por parte de grupos ilegales. Eso fue consecuencia de haber participado en el 2006 en una misión humanitaria en Montes de María, una zona muy conflictiva donde recibíamos informaciones con respeto a violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, falsos positivos, detenciones arbitrarias masivas, etc. 


Decidí mudarme a un apartamento en el centro de la ciudad. En el 2007, este apartamiento fue objeto de un allanamiento ordenado por una fiscal de la ciudad de Barranquilla, un día que yo era ausente. Las unidades centrales de mis computadoras, tal como otras pertenencias, fueron robadas. Este allanamiento era basado en una presunta información de inteligencia según la cual en mi apartamiento se almacenaban armamentos y explosivos de las FARC. Dicha información se reveló posteriormente sin motivo y me presentaron disculpas. De hecho, en este entonces se encontraba en mi apartamiento una sala de edición de videos, que utilizaba en esta época para mantenerme, ya que no tenía acceso al mundo laboral como abogado y que mi situación económica era muy precaria. Eso me hizo sentir otras vez amenazado a mi integridad personal, y decidí trasladarme a la ciudad de San José de Costa Rica, donde me quedé un año. Fui acogido por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde realicé una pasantía con el apoyo de Amnistía Internacional.


Desde mi regreso de San José, no he sido objeto de persecución visible. Sin embargo, no descarto la posibilidad que yo siga bajo vigilancia e intercepción de comunicaciones. Además, no siento que el clima es favorable para que yo regrese a mi ciudad natal, Cartagena, porque allí siguen los asesinatos de abogados sin que las autoridades judiciales enjuicien los responsables. Unos 13 abogados defensores de derechos humanos de la ciudad han sido asesinados en la última década.


Mi persecución me llevó a la convicción que mi labor posteriormente a mi liberación debería servir a fortalecer el trabajo de los abogados defensores de derechos humanos. Existe en Colombia una crisis profunda y sostenible de derechos humanos y el Estado social de derecho debe ubicarse como garante de aquellos. Decidí vincularme con ACADEHUM y ocupo presentemente el cargo de presidente de la junta directiva nacional.


Al empezar mi trabajo en 1994, sabía que indudablemente denunciar graves violaciones de derechos humanos iba a causar molestias por parte de los responsables y que me enfrentaría a sus reacciones. Lo que me daba la confianza era que eso correspondía a las funciones del Estado social de derecho. No imaginaba del todo que eso podría desatar una persecución contra mi vida por los mismos órganos del Estado. Lo que me animaba era la idea de contribuir a que la situación de violencia y de graves violaciones de derechos humanos existente contra varios miembros de la sociedad, como dirigentes cívicos y sindicales, se mejoraría.


 

Mirando atrás, me alegro que hayamos logrado motivar a otros abogados, estudiantes, dirigentes cívicos, intelectuales, a vincularse a esta lucha. Importa motivar a las nuevas generaciones para que se introduzca en Colombia una cultura jurídica de reclamar contra las violaciones, una mayor política pública de prevención de las violaciones, y un mayor ejercicio judicial de respeto de los derecho y de reparación. En el caso mío, mi demanda contra el Estado para reparaciones fue rechazada por motivos procesales, pero me sentiría reparado si en este país se respetaría el trabajo de los abogados defensores de derechos humanos, y en particular de los derechos económicos, sociales y culturales de las víctimas del conflicto armado interno.

Caminos de compromiso

© 2013 Christopher Campbell-Duruflé

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