29 de Agosto 2012

En 1984, cuando estudiaba ciencias sociales en la Universidad del Quindío, en la ciudad de Armenia, empecé a desarrollar con compañeros actividades para la defensa del territorio donde mis viejos fueron colonizadores y fundadores y donde las empresas transnacionales hacían lo que les daba la gana. Grandes extensiones de las tierras de los campesinos estaban siendo plantadas con especias de coníferos foráneas y algunas leyes imponían sanciones a los que no lo hacían. Los coníferos iban destruyendo todos los ecosistemas, secando las quebradas y los humedales en el caso del eucalipto, y matando las especias nativas en el caso de los pinos, sin que las comunidades puedan hacer nada. Se han también conocido casos aberrantes en el departamento del Cauca donde actores armados atacaron comunidades indígenas Nasa, cortándole el cuero cabelludo a sus gobernadores, para imponer el cultivo de los coníferos. A esos extremos llegaron las transnacionales en Colombia: a amenazar las comunidades para desalojarlas de sus territorios y poder cultivar en ellos. Es así que para mi la defensa ambiental se fue vinculando con la defensa de los derechos humanos.

Decidí entonces ingresar a la Universidad La Gran Colombia en Bogotá para estudiar derecho y participé en una Escuela de Derechos Humanos patrocinada por la Unión Europea. Hoy soy abogado del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, lo cual pertenece al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y consigue informaciones sobre violaciones de derechos humanos, y en particular ejecuciones extrajudiciales, tortura y desaparición. Últimamente, me he especializado en el trabajo con comunidades de mineros tradicionales que resisten a megaproyectos mineros. Trabajo con comunidades indígenas y afrocolombianas, para defender su acceso a la salud, al territorio, a la vivienda, o a no ser involucrados en el conflicto armado interno. También trabajo con comunidades campesinas y con los derechos comunales de comunidades urbanas.

En el 2008, conformamos en el departamento del Quindío una asociación de defensores de derechos humanos. En represalia, recibimos amenazas de grupos paramilitares, en la forma de llamadas a celulares, documentos electrónicos y panfletos escritos. Las amenazas fueron generalmente recibidas por una compañera mía, aunque me nombraban también, y decían que nosotros deberíamos retirarnos porque causamos lio en el departamento. Dichas amenazas eran directamente relacionadas con nuestro trabajo de recopilación y de denuncia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado, conocidas como “falsos positivos”. Eso desarticuló mucho el trabajo realizado, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, y muchos colegas nos abandonaron por el temor causado. Tuve que renunciar a mis averiguaciones en algunos sectores del departamento y que cuidar más las personas con las cuales trabajaba. Tuvimos que bajar el perfil de nuestra acción y seguir recopilando información sin hacer denuncias públicas en los periódicos o en las redes sociales. Logramos organizar reuniones con las autoridades departamentales, pero a la fecha la investigación de la fiscalía no ha logrado resultados.

La crudeza de las amenazas ha disminuido en el último año, pero también hemos reducido nuestro nivel de denuncias. Apenas las empresas sienten que sus intereses económicos son amenazados, empezarán de nuevo las amenazas. Por ejemplo, uno siente una presión por parte de las empresas mineras transnacionales para descreditarnos en la prensa nacional y convencer a la gente que frenamos el desarrollo. Para nosotros, el asesinato del padre Restrepo en Marmato en 2011 fue un mensaje que nos dice claramente: “Tengan en cuenta que eso les podría pasar.” Sabemos que eso es la forma de actuar de esas organizaciones y del Estado. Nos obliga a buscar organizaciones internacionales para que se pronuncien sobre la situación en lugar de nosotros.

Muy hábilmente, el presente gobierno ha sabido manipular la información para desvirtuar nuestras denuncias y excluirnos de los espacios públicos de debate. Ahora no usan medios tan crudos que asesinatos por paramilitares, pero impiden que los medios de comunicación publiquen nuestras denuncias y nos disminuyen ante la opinión publica. Nuestra otra limitación importante es económica: nadie me paga para mi trabajo en derechos humanos y mis recursos tienen que salir de mis otros contratos como abogado. Trabajamos de manera altruista y filantrópica, por amor de la causa, pero eso obviamente nos limita mucho. Necesitaríamos más apoyo para las organizaciones que nos soportan, como en nuestro caso el CINEP y el CCAJAR, pero jamás el gobierno soportará este tipo de trabajo.

El trabajo con las víctimas también es muy difícil porque desconocen sus derechos y tienen necesidades económicas supremamente difíciles, creadas por el mismo Estado colombiano. Eso hace que no son tan interesadas en lograr la verdad y la justicia, que simplemente en vivir dignamente. Han perdido un hijo, pero prefieren que alguien les de recursos para comprar una casita y tener la “Santa Paz” a que les maten el otro hijo por haber buscado justicia. Muchas familias nos dicen “Déjenos quietos, ni siquiera queremos denunciar.” porque temen que el ejercito, la policía o los grupos armados les caigan encima. Para el abogado defensor de derechos humanos, esas condiciones son supremamente difíciles.

Sin embargo, tengo claro mi papel histórico en la sociedad. Lo que se esta haciendo por el Estado y por parte de los grupos armados es incorrecto. Muchas personas dicen “Alguien tiene que hacer este trabajo y no voy a hacerlo. Que otra persona lo haga por mi.” Yo soy esta otra persona porque se invirtieron los recursos en mi capacitación y tengo la preparación para hacerlo. Cuando se violan los derechos de los demás, considero que se violan los derechos de los míos, y los derechos de mis hijos y de la sociedad en general a un futuro mejor. Eso me motiva. He sufrido presiones y derrotas, pero nunca he pensado abandonar mis actividades. Solo una amenaza muy fuerte en contra de mi familia podría hacerlo. Sino seguiré hasta donde mis capacidades física lo permitan.